Esto requiere que los municipios amplíen su esfera de actuación agregando a sus funciones tradicionales (obra pública, servicios básicos, regulación de la vida comunitaria) el diseño de estrategias de desarrollo local tendentes a la generación de ventajas y asistencia a la competitividad empresarial local, así como la atracción de inversores.
Esto no significa salir de un rol pasivo en lo económico para pasar a otro interventor, productor y empleador, similar al del Estado de bienestar, sino incorporar una perspectiva de Estado "catalizador", "estratégico", que incorpore un rol activo del municipio, comprometido con los distintos sectores para definir el perfil productivo regional, y no tan solo como redistribuidor de recursos públicos.
Este planeamiento parte de una concepción no solo técnica y apropiada para expertos, sino amplia e interdisciplinaria, que busca una evaluación compartida entre el gobierno y los representantes sociales sobre los escenarios futuros, la identificación de oportunidades basadas en sus fortalezas y la disminución de sus debilidades y amenazas. Esto requiere la intervención conjunta sobre aspectos urbanísticos, económicos y culturales; una menor verticalidad; un debilitamiento del estilo partidista de hacer política; sacar a ésta del corto plazo y transformar políticas de un gobierno en políticas de Estado.
Si bien en gran parte de nuestra sociedad todavía está presente el modelo tradicional de gestión muy dependiente del gobernador de la provincia con centralización de las decisiones y acumulación política vía obra pública, el mismo empieza a mostrar indicios de agotamiento.
Porque las mayores competencias con menores recursos obligan a los municipios a tener que hacer más eficiente la gestión y esto revela las limitaciones de ese modelo político tradicional para generar recursos y promover otra disposición de la sociedad civil a participar. Se observa el surgimiento de otra forma de acumulación basada en una articulación con organizaciones de la sociedad civil, y una búsqueda del consenso, dialógica, cooperativa, basada en la eficacia, el control, la transparencia, pero también en la generación de compromisos a partir de perspectivas compartidas sobre la sociedad local deseada.
De esta manera, se retoma una visión de la política basada menos en una concepción estratégica del poder y más en una concepción comunicativa y comunitaria del mismo.
Lo novedoso es que se intensifica la búsqueda de las potencialidades propias antes que esperar las decisiones centrales; que esa búsqueda incorpora a productores, empresarios y organizaciones sociales del lugar para encontrar alternativas de organización económica que amplíen y diversifiquen los negocios locales; que se busca racionalizar el uso de los recursos financieros e intensificar la utilización productiva de los recursos disponibles.
Esto da lugar a encarar el desarrollo local de distintas formas: conformación de "distritos industriales", "entes" jurisdiccionales para promover el desarrollo regional, organizar productores y facilitar su acceso al crédito, con una fuerte influencia universitaria en la coordinación y planificación del desarrollo.
En síntesis, la descentralización y la Globalización están generando más tareas a resolver por los gobiernos locales y nuevos desafíos a enfrentar en lo político, lo económico y lo social, obligando a los municipios a efectuar un replanteo de su organización, misiones y funciones.
Y este proceso está desplazando el anterior modelo municipal tradicional de carácter autárquico y clientelar, hacia otro de carácter gubernativo, que comienza a producirse a través de tres áreas de innovación: la político-institucional, la económica y la social. El pasaje del modelo de gestión burocrática de actuación autorreferenciada al "gerencial" parte de la búsqueda de mayor eficacia-eficiencia en las organizaciones, principalmente vinculada a la racionalidad del gasto y apuntando a reducir el tiempo entre la decisión política y la ejecución administrativa.
Este proceso tiende a fomentar el buen manejo de fondos públicos, la planificación y presupuestación en tiempo y forma, impulsando la realización de presupuestos por programa, así como la informatización del municipio. La eficacia está vinculada a la calidad de los servicios, a un ciudadano redefinido como cliente, consumidor o usuario, lo que supone una lógica de gestión basada en la demanda más que en la oferta y en la necesidad de suministrar información y capacidad de control a los ciudadanos. Frente a la situación actual, lo que se requiere es un "Nuevo Contrato Social" entre las instituciones, la sociedad y el gobierno.
Este nuevo contrato se debe fundar en dos ejes: la rendición de cuentas y la evaluación institucional, por un lado, y la diversificación del presupuesto público mediante criterios racionales, por el otro.
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